Siete piezas del rompecabezas loxicha. Segunda pieza: El derecho al revés
Álvaro Sebastián Ramírez, loxicha preso por luchar por la justicia
No respetar el debido proceso es una razón suficiente para el Estado mexicano para liberar a sus criminales, como a los paramilitares responsables de la masacre de Acteal, pero no parece ser razón suficiente para liberar a los presos loxicha.
LA VOZ DE LOS XICHES, AGENCIA SUBVERSIONES, CENTRO DE MEDIOS LIBRES DF Y VEREDAS AUTÓNOMAS
“El totalitarismo moderno puede ser definido como la instauración, a través del estado de excepción, de una guerra civil legal, que permite la eliminación física no sólo de los adversarios políticos sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político”
Giorgio Agamben
México. Álvaro Sebastián Ramírez y los demás presos loxichas abogan por la justicia, y por eso están presos injusta e ilegalmente desde hace 17 años. En México el derecho sirve al revés: para proteger a los criminales y perjudicar a los que luchan por la justicia.
No sólo en México el derecho se usa al revés, sino que en la mayoría de los casos los criminales son quienes hacen las leyes para destruir la libertad y la vida digna de los pueblos. Los pueblos, por otro lado, resistimos de muchas maneras diferentes. Resistimos los abusos cotidianos de las autoridades en nuestra contra, resistimos buscando cambiar esas leyes que nos oprimen y, sobre todo, construimos otras relaciones sociales basadas sobre nuestra propia ley y nuestro propio orden, expresando nuestra idea de justicia. Luchamos para que estos espacios de libertad sean legítimos, más allá de la ley de ellos. Luchamos para deslegitimar la injusticia que ellos cometen en nombre del Estado de Derecho.
El caso de Álvaro Sebastián Ramírez está en la médula de estas contradicciones. Entender su caso jurídico, que no se puede separar de su sufrimiento y su lucha, nos permite develar con mayor claridad la injusticia y la ilegalidad que son los pilares, y no meros accidentes aislados, del sistema político-jurídico mexicano.
Antecedentes
El día 29 de agosto de 1996, un grupo rebelde, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), sorprendió a Santa Cruz, Huatulco, Oaxaca. Atacó las instalaciones de Infantería de Marina, de la Policía Preventiva del Estado, de la Policía Judicial del Estado, de la Policía Judicial Federal y de la Policía Municipal. En el ataque resultaron muertas nueve personas: tres marinos, dos policías preventivos del estado, un policía municipal y dos civiles, además de un marino fuera de la zona de combate.
A raíz de este ataque empezó una ola de represión en toda la región loxicha, región indígena zapoteca localizada en el distrito de Pochutla, al sur del estado. Tres bases militares de operaciones mixtas ocuparon la vida comunitaria de la región, y con ellas llegaron a instalar el miedo las detenciones extrajudiciales masivas, cateos ilegales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, delitos sexuales, hostigamiento y amenazas de muerte.
De las cientos de personas que en un primer momento fueron detenidas, hoy, 17 años después, quedan siete presos, cuyas historias buscamos sacar de los muros de las cárceles y del miedo con la primera pieza de este rompecabezas. Sus nombres son Justino Hernández José, Eleuterio Hernández García, Agustín Luna Valencia, Fortino Enríquez Hernández, Zacarías Pascual García López, Abraham García Ramírez y Álvaro Sebastián Ramírez. Éste último pertenece a La Voz de los Zapotecos Xiches en prisión, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona e integrante de la Red contra la Represión y por la Solidaridad.
El caso de Álvaro
En este contexto de represión, en la mañana del día 15 de diciembre de 1997 el profesor Álvaro Sebastián Ramírez fue detenido por el grupo especial de la Policía Judicial del Estado y llevado a una cárcel clandestina, donde fue torturado física y psicológicamente durante 11 días (del 15 al 26 de diciembre). En la madrugada del 26 de diciembre fue llevado a la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde fue revisado por un médico a quien no le preocuparon las lesiones infringidas durante la tortura. De ahí fue llevado en una patrulla al Reclusorio Regional de Etla, Oaxaca, a donde ingresó a las tres de la mañana.
Homicidio calificado, lesiones calificadas, tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, robo de uso, robo, daño en propiedad ajena, acopio de armas, terrorismo, conspiración y asociación delictuosa son los delitos bajo los cuales, el 5 de enero de 1998, se dictó auto de formal prisión contra Álvaro por su presunta participación en el ataque del 29 de agosto en Santa Cruz.
El 30 de abril de 1998, cuatro meses después, se modificó el auto formal de prisión y se redujeron las acusaciones a los delitos de homicidio calificado (de ocho personas muertas dentro de la zona de combate), tentativa de homicidio, terrorismo y conspiración. Estas acusaciones fueron confirmadas y se reconoció a Álvaro como penalmente responsable en la sentencia condenatoria que dictó el Juzgado Octavo de Distrito el 28 de enero de 2000.
A partir de esta sentencia, se desprendió una cuenta larga de años, durante los cuales Álvaro presentó una serie de apelaciones y peticiones de juicios de amparo que terminaron el 10 de octubre de 2012 con la sentencia definitiva del primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito, que absuelve a Álvaro por los delitos de terrorismo y conspiración pero lo condena a 27 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.
La ilegalidad del proceso legal: 16 años en la cárcel por una acción que no es delictiva
Álvaro lleva casi 16 años preso, durante los cuales se han violado sistemáticamente sus garantías de debido proceso ya que no sólo fue detenido arbitrariamente y sin orden de aprehensión, sino que también fue aislado, se le arrancaron declaraciones bajo tortura y ha estado privado de su libertad por casi 16 años. No respetar el debido proceso es una razón suficiente para el Estado mexicano para liberar a sus criminales, como por ejemplo en el caso de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal. Pero en este caso no parece ser razón suficiente para liberar a los presos loxicha.
Durante estos años de prisión, Álvaro se defendió de acusaciones que en un principio implicaban 11 delitos. Actualmente, demostrada su inocencia respecto de nueve, permanece en prisión pese a haber demostrado su inocencia de los otros dos delitos. Él rechazó desde el principio, o mejor dicho después de las declaraciones que le arrancaron bajo tortura, haber participado en los actos de los que lo acusan.
Más allá de su inocencia o culpabilidad, la estrategia de lucha que Álvaro Sebastián escogió en el aspecto jurídico hace énfasis en que los actos de los cuales se le acusa no son delictivos en el contexto determinado. De esta manera, demuestra la ilegalidad de su encarcelamiento, que se mantiene en un estado de excepción y discriminación.
Álvaro se encuentra actualmente en prisión por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, cometidos en el contexto de un ataque armado de un grupo rebelde: el ataque del EPR en Santa Cruz, Huatulco, el 29 de agosto de 1996. Los mismos juzgadores describen así el contexto: “De las declaraciones referidas se desprende que elementos del Ejército Popular Revolucionario planearon derrocar al Gobierno y crear una nueva Constitución, para lo cual se hacía necesario levantarse en armas…por lo que se decidieron a atacar las diversas corporaciones policíacas y de los marinos”.[1] [1]
En esta afirmación, los juzgadores describen el ataque como un acto rebelde, ya que para considerar a un acto como rebelde, según el artículo 132 del Código Penal Federal, debe ser un acto de civiles que buscan “derrocar al gobierno y crear una nueva constitución”. Lo mismo se corrobora con un hecho que trasciende al dominio público: que Jacobo Silva Nogales, “Comandante Antonio”, en ese entonces miembro de la comandancia del EPR, fue sentenciado por rebelión por su participación en el Ejército Popular Revolucionario. Si él es considerado un rebelde, el grupo en conjunto es un grupo rebelde, y así cada uno de sus integrantes.
El Estado mexicano considera a Álvaro como un integrante de ese grupo. Insiste en dar por acreditado ese hecho, sin importarle si en realidad lo era o no. Álvaro debió ser considerado un rebelde de cualquier forma.
Y ¿por qué es importante que Álvaro deba ser considerado como rebelde?
El artículo 137 del Código Penal Federal afirma que “los rebeldes no serán responsables de los homicidios ni de las lesiones inferidas en el acto de un combate, pero de los que causen fuera del mismo, serán responsables tanto el que los mande como el que los permita y los que inmediatamente los ejecuten”.
Según la ley mexicana, los participantes de un acto considerado rebelde no pueden ser acusados por homicidio o lesiones que resulten de un combate, por lo cual los actos que le imputan a Álvaro no son constitutivos de delito alguno en el contexto de los hechos. Álvaro entonces no debe estar encarcelado.
Sin embargo, los jueces afirman que Álvaro nunca fue acusado del delito de rebelión y que no se le puede juzgar por un delito del que no se le acusó. A pesar de no haberlo acusado de rebelión, siempre lo han tratado jurídicamente como partícipe de un acto rebelde. Al mismo tiempo, lo sentenciaron como un delincuente común. Aquí está la incongruencia del sistema de justicia mexicano que usa las leyes según su conveniencia.
La prisión política
¿Por qué no ha sido liberado Álvaro Sebastián Ramírez?
Como ya lo resaltó el Subcomandante Insurgente Marcos cuando relató las palabras de un funcionario gubernamental sobre caso de Alberto Patishtán (preso político chiapaneco), el problema es que “si liberamos a Patishtán sería una mala señal por partida doble: evidenciaríamos que el sistema judicial es una mierda, y alentaríamos la lucha por la libertad de otros presos. Es algo que no nos conviene desde ningún punto de vista. Mejor esperar a que se cansen quienes están haciendo ruido con eso”.[2] [2]Pero como responde el Sub, “ya sabemos que el sistema judicial es una mierda y también sabemos que quienes luchan por la libertad de las presas políticas nunca nos vamos a cansar”.
Hay que poner atención a las respuestas que el propio Álvaro da para explicarse las causas de su encarcelamiento ilegal: “la única explicación plausible es que por alguna razón se me discrimina. Esto es porque en mi persona se reúnen características que suelen ser motivo de discriminación en México, como la de ser indígena, la de ser un disidente político, la de ser un luchador por la autonomía de los pueblos indios, o la de haber sido considerado miembro de un grupo rebelde”.
Finalmente, no hay que olvidar que la prisión política es un arma del gobierno para debilitar las luchas, ya que cuando se tiene un preso hay que dedicar una inmensa cantidad de tiempo, recursos y emociones para resolver esa situación, y se resta energía a la construcción de alternativas. La prisión política, y el caso de los loxichas en particular, sirve como botín político de esas organizaciones que juegan a la lógica del poder, con lo que se crea alrededor del caso un ambiente de división política muy complejo que el gobierno aprovecha.
Por todas estas razones Álvaro sigue en la cárcel.
En este momento nos enfocamos en su caso particular, pero no podemos olvidar los casos de los otros seis presos loxicha y de todos los presos políticos en México y en el mundo, que de igual manera están encarcelados por razones injustas y por el mero hecho de luchar, con procesos jurídicos que salen del marco de la ley.
Siete presos arrancados de sus comunidades, de sus familias, de sus vidas. Siete presos que faltan. Siete presos que en días pasados fueron robados de su hogar en una celda que habitaron durante 16 años, siete presos que de nuevo fueron desaparecidos, torturados y alejados aún más de sus familias. Fueron llevados al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) de Miahuatlán. Estuvieron en calidad de desaparecidos por más de dos semanas, y después fueron trasladados de nuevo, pero ahora hasta el penal de alta seguridad de Tabasco.
Siete símbolos de la injusticia y del terrorismo de estado del Estado Mexicano. ¡Presos políticos libertad!
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Sobre la serie “Las siete piezas del rompecabezas loxicha”
La historia de los presos loxicha se encuentra en un mar de dudas y caos controlado por las mismas instancias de gobierno y de los medios de comunicación masiva. Los medios del poder siguen llenando de obscuridad lo que entendemos como un acto ilegal e insoportable, la prisión política en este país se esconde debajo de un discurso de miedo y de falsas hipótesis que arrastran a seres humanos con nombre, rostro, dignidad e historia.
Con esta convergencia de medios buscamos desanudar y desenmarañar una parte de esta historia de lucha y represión e iluminar la vida y el recorrido de resistencia de nuestras compañeras presas políticas. Nuestro territorio político y ético parte del consenso y de nuestra adherencia a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Luchar con un preso político es luchar por la libertad, libertad de todas y todos los que queremos un mundo donde quepan muchos mundos.
Buscamos amplificar la voz del preso político Álvaro Sebastián Ramírez y de sus familiares adherentes a la Sexta, buscamos resaltar la historia y la lucha de los siete presos políticos loxicha, buscamos articular con otros familiares de presos políticos para crear canales autónomos de diálogo rebelde.
[1] [3] Sentencia de 29 de agosto de 2009.
[2] [4] L@S CONDISCÍPUL@S II. Faltan l@s: L@S PRES@S POLÍTIC@S.
Publicado el 08 de julio de 2013 (http://desinformemonos.org/2013/07/el-derecho-al-reves-la-situacion-juridica-de-alvaro-sebastian-ramirez/print/)
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